Candidatas a diputadas locales y federales por la Coalición Fuerza y Corazón por México, acusaron a Samuel García de "robarse 361 millones de pesos a través de contratos a una empresa que tiene el mismo domicilio fiscal que el despacho jurídico propiedad del gobernador y de su padre".
Annia Gómez, Lorena de la Garza, Anita González, Perla Villarreal, Cecilia Robledo y Marcela Cavazos expusieron una aparente trama en la que las conexiones personales y profesionales del mandatario se convierten en contratos millonarios.
Recién la plataforma informativa Latinus, propiedad de Carlos Loret de Mola, expuso en una investigación que el gobierno de Samuel contrató más de 140 millones de pesos en adjudicación directa a una firma llamada ECM Soluciones Fiscales... dicha firma recibió los fondos que le fueron canalizados por Miguel Ángel Rojas Galván, hoy funcionario estatatal y hasta hace poco, empleado en la firma propiedad de Samuel y su padre.
Sin embargo, ha resultado que las diputadas encontraron que el beneficio para esa misteriosa empresa se elevó a 361 millones de pesos a través de contratos que no fueron licitados en otras dependencias del Gobierno Estatal.
Miguel Ángel Rojas Galván, actor central en esta trama, ha transitado de empleado de Samuel García a representante legal de su campaña al Senado, y ahora a un influyente funcionario en el actual gobierno.
En su cargo como Director General Jurídico Tributario del Gobierno de Samuel García, otorgó contratos millonarios a ECM Soluciones Fiscales por más de 140 millones de pesos.
Sin embargo, la investigación reveló que no son los únicos, hasta el momento se han descubierto contratos por más de 361 millones de pesos otorgados a ECM Soluciones Fiscales en menos de 2 años, por diversas oficinas del gobierno estatal.
Agua y Drenaje de Monterrey pagó 187 millones y la Secretaría de Finanzas pagó casi 35 millones a la empresa relacionada con la familia de Samuel.
Estos montos se suman a los más de 200 millones de pesos que el despacho jurídico del gobernador recibió a través de una empresa beneficiada con un contrato de más de mil millones de pesos.
Las candidatas lamentaron que en lugar de utilizar los recursos para resolver el problema del agua o la inseguridad, "Samuel se está robando el dinero de la gente".
Ante estos hechos denunciados, destacaron que el mandatario puede haber cometido los delitos de ejercicio ilícito de servicio público, hasta tráfico de influencias.