La separación, independencia y el equilibrio de los poderes es una característica fundamental de los sistemas democráticos en el mundo.
Es en el poder legislativo donde recae la representación popular, lo que garantiza que las voces de los ciudadanos sean escuchadas y que las leyes se aprueben de manera imparcial y en beneficio de los propios habitantes del estado.
Sin embargo, en los últimos meses, hemos sido testigos de un permanente asedio por parte del poder ejecutivo hacia los integrantes del congreso local y sus familias, a través de una persecución selectiva del aparato estatal, socavando así la integridad de la cámara de diputados.
El respeto a la diversidad de opiniones y a las decisiones tomadas por la mayoría parlamentaria constituyen el cimiento de la democracia.
Desafortunadamente, estamos presenciando cómo el poder ejecutivo está utilizando el aparato del Estado para someter a las y los diputados a una presión indebida, obligándolos a pedir licencia o incluso a renunciar a sus cargos, con el fin de romper la mayoría calificada e incrementar el número de los integrantes de la bancada naranja, afín al gobierno estatal, la cual, dicho sea de paso, no ganó ningún distrito en las pasadas elecciones, desvirtuando de esa manera la voluntad popular expresada en las urnas.
La intimidación y la persecución de los diputados por parte del poder ejecutivo no solo van en contra de los principios democráticos, sino que también amenaza con erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales.
Cuando las y los diputados se ven amenazados ante la presión del poder ejecutivo, se crea un ambiente en el que el debate abierto y honesto se ve restringido, lo que a su vez pone en peligro la capacidad de la cámara de diputados para cumplir su función de control y equilibrio.
Es imperativo recordar que la separación de poderes no es un mero concepto teórico, sino una piedra angular de la democracia moderna, por lo que es urgente que el poder ejecutivo deje de asediar a quienes integran las bancadas mayoritarias del Congreso del Estado.