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Consideran que juicio político contra juez busca controlar o acechar al Poder Judicial

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación considera que la solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del gobierno en turno para controlar o acechar al Poder judicial

México a 31 de enero del 2024.- Tras la solicitud de la Secretaría de Gobernación (Segob) de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Penal Acusatorio en Tamaulipas, por presuntamente favorecer a delincuentes, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) aseguró que el juzgador ha actuado apegado a la ley y que el gobierno no puede utilizar dicha figura para atentar en su contra.


“La solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del gobierno en turno para controlar o acechar al Poder judicial, porque ello constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de las personas juzgadoras”, señaló en un comunicado la asociación.

La Jufed difundió este martes un posicionamiento del juez Contreras Martínez, quien afirmó que las acusaciones de la Segob en su contra son inexactas, debido a que sólo no vinculó a proceso a una persona acusada de delincuencia organizada y posesión de armas de fuego debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) violentó el debido proceso y no sustentó la acusación.


“Es inexacta la información de la Segob, al señalar actos relacionados con delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, cohecho y vínculo al reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas; en razón de que la formulación de imputación de la FGR se encuadró a los ilícitos encontrados en el inmueble cateado (dos armas largas y 257.8 gramos de clorhidrato de cocaína)”, afirmó el juez.


Por una causa penal contra una persona, el juez detalló que autorizó a la FGR cateara tres inmuebles, en los que se localizaron dos armas y 258.8 gramos de clorhidrato de cocaína, así como una licencia de conducir a nombre de la persona acusada. 

Ante el hallazgo, la FGR solicitó al juez girar una orden de aprehensión contra la persona acusada, quien fue detenida el pasado 20 de enero y horas después presentada ante el juez.


En la audiencia inicial, la FGR acusó a dicha persona de delincuencia organizada, en modalidad de tráfico de drogas, y de posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ese día no se determinó su situación jurídica.


En una audiencia del 25 de enero, el juez determinó no vincular a proceso a la persona detenida “en razón a que los argumentos y datos de prueba ofertados por la defensa, desvirtuaron los datos de prueba que fundó la petición de la FGR”.

Según el juez, la licencia de conducir resultó un documento apócrifo, además de que la FGR no pudo sustentar que la persona vivía en los inmuebles cateados, ni acreditar que comercializaba drogas.


Por lo anterior, la Jufed señaló que el juez actuó únicamente y exclusivamente basándose en los datos de prueba que obran en autos, sin tomar en consideración criterios políticos ni presiones externas.

“Para esta asociación nacional la actuación del juez de Distrito mencionado se realizó apegado a la ley. Si en este caso la resolución emitida resultó favorable al imputado, fue debido a la deficiente actuación de la FGR”, destacó la Jufed.


Ayer, la Segob presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra el juez Contreras Martínez, al que acusa de favorecer a integrantes de grupos criminales.


La Segob afirmó que el grupo criminal al que habría favorecido el juez Crescencio Contreras está presuntamente vinculado con el secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas, el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.

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