Los injustificados ataques al Poder Judicial por parte del presidente López Obrador despejan totalmente las dudas de gran parte de los ciudadanos sobre sus verdaderas intenciones, el convertirse en el dictador del país o por lo menos en el nuevo Jefe Máximo, inaugurando un nuevo maximato.
También dibuja claramente su carácter irascible y testarudo, características que no son propias de un político de verdad, porque los políticos auténticos se dedican a construir acuerdos, no a romper puentes con quienes no siguen sus instrucciones.
Atentar contra el Poder Judicial de la Federación tiene serias consecuencias políticas, jurídicas y sociales, y está afectando no sólo a los trabajadores de ese poder, sino a las personas, tanto físicas como morales, que verán sus juicios retrasados, por la huelga que llevan a cabo los trabajadores sindicalizados en protesta a ese ataque sistemático al Poder Judicial Federal por parte del Ejecutivo.
Pretender dominar a los poderes constitucionales quebranta la democracia y a todas las instituciones públicas, ya que estarán expuestas a que el dictador las elimine de un plumazo, como ya lo hizo con el seguro popular y los fideicomisos para atender las contingencias que se presenten, como la tragedia actual en el estado de Guerrero, donde un ciclón categoría cinco ha golpeado sus costas.
La desaparición del fondo para la protección contra gastos catastróficos, para atender enfermedades cuyo tratamiento es sumamente caro para el promedio de la población mexicana.
La independencia del poder judicial federal es esencial para mantener el estado de derecho, la independencia de los poderes y el equilibrio que debe observarse entre los tres poderes constituidos. Ministros, Magistrados y Jueces deben poder tomar decisiones basadas en la Constitución y en las leyes en vigor, sin interferencia política, para garantizar que todos los ciudadanos sean tratados de manera justa y equitativa.
Cancelar los fideicomisos es una clara intromisión de un poder a la soberanía de otro, al disponer ilegalmente de esos recursos, por lo que seguramente veremos una controversia constitucional con la que la Corte determinará la ilegalidad del decreto aprobado.
El Presidente López Obrador debe recapacitar si quiere pasar a la historia como un dictador, similar a sus amigos que encabezan los gobiernos de Cuba, Nicaragua o Venezuela.