• Omar Eli Robles

Hoy es día clave para la Corte; declarar o no inconstitucional la consulta de López



ADVIERTE Auque el proyecto del Magistrado Luis María Aguilar indica que es anticonstitucional, ayer el presidente dijo que de darse este hecho, plantearía una reforma una iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional para que no se cancele la democracia participativa.


México a 1 de octubre del 2020.- Hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararán o no inconstitucional la consulta propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar a expresidentes que gobernaron al país de 1988 a 2018, y abrir un posible proceso judicial por probables actos de corrupción.


Este jueves es clave y hay un inconveniente para la propuesta del titular del Ejecutivo Federal: el proyecto que plantea el ministro Luis María Aguilar considera que la propuesta de consulta para enjuiciar a cinco expresidentes es inconstitucional y por ello este jueves planteará al Pleno del máximo tribunal rechazar su realización.

El pasado 15 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador solicitó al Senado aprobar una consulta popular para el posible enjuiciamiento de cinco ex presidentes “del periodo neoliberal”, por la presunta comisión de delitos que incluyen la entrega de recursos de la nación a particulares, fraudes electorales, complicidad con la delincuencia organizada y corrupción, a partir de actos voluntarios irracionales.

El presidente quería que los ciudadanos pidieran la consulta, para lo cual eran necesarias 1.8 millones de firmas (el 2 por ciento del padrón electoral), como marca la ley, pero al no alcanzar el tiempo presentó la iniciativa al Senado de la República y a su vez se la entregó a la SCJN el mismo 15 de septiembre.


“Este alto tribunal procederá a resolver el asunto dentro del plazo establecido en la Ley Federal de Consulta Popular”. La Suprema Corte cuenta con un plazo de 20 días naturales, a partir del martes, para determinar si es constitucional esa solicitud del ejecutivo federal”, respondió la Corte.


La consulta contraviene derechos humanos: Luis Aguilar Morales

Aquel mismo 25 de septiembre hubo una respuesta.

El ministro Luis María Aguilar Morales propuso al máximo tribunal declarar inconstitucional la consulta popular sobre si se debe o no enjuiciar a los expresidentes, pues la pregunta planteada es contraria a los derechos humanos.


“La materia que se solicita consultar (el que se lleve a juicio a exmandatarios), de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”, indicó.

Los argumentos del ministro es que considera que la posibilidad de que las autoridades investiguen a los ex presidentes por posibles ilícitos es una “materia prohibida para someterlo a consulta”.

Como segundo punto expone que pone en riesgo los derechos de las víctimas y ofendidos de los delitos que pudieron cometer los expresidentes.

Como tercer argumento refiere que este ejercicio de participación ciudadana puede vulnerar la presunción de inocencia de los expresidentes a los que se pretende enjuiciar.

Como cuarto punto, indica que la consulta puede afectar negativamente las funciones de procuración e impartición de justicia, así como el debido proceso. Finalmente, detalla que la consulta rompe con el principio de igualdad. El ministro enfatiza en que las leyes deben ser aplicadas de igual modo a todas las personas que se encuentren en una misma situación y los jueces y tribunales no pueden modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma controversia.


Según la iniciativa presidencial, la posible consulta, cuya viabilidad debe ser refrendada en el Legislativo y por la Suprema Corte de Justicia, se celebraría en 2021, en dos posibles fechas, el 1 de agosto o el 6 de junio, en coincidencia con las elecciones a la Cámara de Diputados y autoridades locales.


Ayer 30 de septiembre López Obrador anticipó: “Yo me deslindo y que cada poder asuma su responsabilidad, en este caso el poder judicial”.

Anticipó que plantearía que el artículo 35 constitucional, que establece el derecho del pueblo a ser consultado, “es una simulación, letra muerta” y presentaría una iniciativa de reforma para que no se cancele la democracia participativa.


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